Comunicado INAI

Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteción de Datos les decimos: Denunciar no amerita una sanción.

Muchos recordarán el estallido de denuncias contra la violencia sexual que sacudió Nuevo León durante 2017 y que dio por resultado la instalación de los Protocolos Contra la Violencia de Género en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de Monterrey (UDEM) así como la Secretaría de Educación Pública N.L. y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdC); gracias a los protocolos se han podido canalizar y resolver situaciones de violencia que por otros medios sería imposible.

Desde entonces en #AcosoEnLaU hemos continuado nuestra labor como una asociación civil dedicada a hacer visible este tipo de violencias, así como a sensibilizar a la sociedad y a la incidencia en políticas públicas. Lamentablemente, también hemos sido blanco de una serie de batallas legales que hoy denunciamos públicamente.

En mayo de 2019, el C. Felipe Montes inició un procedimiento de protección de derechos ARCO ante #AcosoEnLaU, en un intento por obligar a nuestra organización a entregar información confidencial sobre sus denunciantes, así como la eliminación de cualquier medio físico y electrónico de los testimonios en su contra publicados en nuestro sitio web.

Ante nuestra negativa para entregar dicha información y a pesar de haber colaborado con la solicitud de derechos ARCO, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó iniciar un procedimiento de imposición de sanciones contra nosotras.

Este proceso jurídico que hoy cumple 649 días ha resultado en un profundo perjuicio para nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos, mermando nuestros recursos económicos, emocionales y de tiempo, y reduciendo considerablemente nuestra capacidad de acción para promover una vida libre de violencia para las mujeres. Si nosotras siendo una organización estamos sufriendo estos estragos, no podemos dejar de imaginarnos la indefensión en la que este tipo de procesos colocan a mujeres con menos recursos.

Por ello hoy estamos aquí para denunciar la facilidad con que el INAI puede convertirse en una herramienta de censura y castigo contra medios de información y defensores de derechos humanos, distorsionando mediante la interpretación, leyes que deberían protegernos. El trabajo de información que investigadores , reporteros y activistas realizamos día con día no puede verse amenazado ante este tipo de procedimientos por parte de una autoridad omisa y carente de perspectiva de género y derechos humanos.

Hoy el INAI nos ha fallado 649 veces, ignorando a conveniencia de agresores sexuales que las asociaciones civiles no somos sujetos obligados a responder solicitudes ARCO, mucho menos, a personas que jamás nos han compartido su información.

Aún más grave resulta esta situación, considerando que Felipe Montes es un agresor denunciado por nuestra organización por violencia sexual, con antecedentes de acoso desde hace cuatros años contra nuestra labor y nuestra organización. La intervención del INAI bajo este contexto, es únicamente una nueva forma de acoso y revictimización hacia sus denunciantes y las defensoras que acompañaron dichos procesos. Por todo lo anterior y en el marco de #8M:

Hacemos un llamado público al INAI a no ser una institución cómplice de acosadores que pretenden tergiversar la ley para seguir en la impunidad y exigimos que la autoridad ejerza sus funciones con perspectiva de género para no ser omisa ante el uso doloso de los mecanismos de protección de datos personales.



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Iván Martínez
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